Goldman Sachs enciende la alarma
La recomendación de venta emitida el 14 de septiembre de 2017 por el influyente banco de inversión Goldman Sachs sobre el sector eléctrico español al completo, y en particular sobre Red Eléctrica, ha encendido las alarmas entre inversores fieles a este tipo de empresas.
Red Eléctrica es la compañía encargada del transporte de energía eléctrica en España y de la coordinación de la operación técnica del sistema eléctrico y es propietaria de casi toda la red de alta tensión del país. Es lo que se conoce como TSO (Transmission System Operator).
En una entrada del 15 de septiembre comenté que las recomendaciones negativas de analistas influyentes suelen tener un impacto de pocos días en la cotización de las empresas afectadas. Tras el informe de Goldman Sachs, las acciones de Red Eléctrica cayeron de 18,7 € a 17,5 € en dos semanas, aunque en un contexto de debilidad general de la bolsa española. Un mes más tarde, el 31 de octubre, habían recuperado los 19 € y ahora se encuentran a 18,25 €. Han evolucionado igual que el mercado desde el 14 de septiembre.
Por poner un ejemplo, el 22 de abril de 2013, un medio de comunicación publicó una noticia en una línea similar a la protagonizada por Goldman Sachs: Moody’s advierte de nuevos riesgos regulatorios para las eléctricas que operan en España, de la que transcribo el siguiente párrafo: “A este respecto, Moody’s advierte del riesgo de que se produzcan nuevas caídas de los ingresos como consecuencia de estas potenciales medidas adicionales y, aunque cree improbable que estos sean tan significativos como los anunciados en 2012 y principios de 2013, considera que tendrían un impacto negativo en el sector.“ Moody’s es una de las principales agencias de valoración de riesgos crediticios, junto con Fitch y Standard and Poor’s.
Sin embargo, entre abril de 2013 y finales de 2014 o principios de 2015, Endesa subió de 17 € a 31 € (precio previo al dividendo extraordinario), o sea un 82%, Iberdrola de 3,8 € a 6,1 €, un 60%, y Red Eléctrica de 9,25 € a 19,5 €, un 110%.
A pesar de todo, la cautela de Goldman Sachs motiva plantearse cuáles son los riesgos que afronta Red Eléctrica.
Los riesgos corporativos de Red Eléctrica
Aunque tiene consideración de valor seguro, una simple enumeración de los riesgos asociados con la empresa puede espantar hasta al más arriesgado de los inversores:
a) La entrada de competidores que ponga fin al monopolio de Red Eléctrica en su negocio, el transporte de la electricidad en España.
b) Súbito encarecimiento de la deuda financiera en caso de repunte significativo de los tipos de interés.
c) Cambios desfavorables en las tarifas reguladas.
d) Exposición permanente de las redes eléctricas a elementos externos, como fenómenos meteorológicos o sabotajes.
e) Posibilidad de reclamaciones legales en caso de cortes de suministro.
f) Vulnerabilidad ante ciberataques.
g) La necesidad de adaptarse a los profundos cambios que traerá la llamada “transición energética“.
Hay que destacar que desde la perspectiva de Red Eléctrica, los riesgos principales no coinciden exactamente con los que percibe el mercado, que son los tres primeros enumerados con anterioridad, sino los cuatro siguientes. El cuadro de la izquierda indica la distribución de riesgos según la categoría.
Examinaré cada uno de los riesgos mencionados más arriba, para lo cual me he basado principalmente en los informes anuales, los informes de gobierno corporativo y otros documentos de Red Eléctrica, así como en el trabajo de Javier de Quinto, especialista en economías de redes sometidas a regulación económica. Javier de Quinto, fallecido en julio de 2015, fue un gran economista, autor de varios libros sobre política energética, profesor en la Universidad San Pablo-CEU de 1996 a 2004, y director adjunto en Red Eléctrica de 2004 a 2008, donde fue uno de los principales diseñadores de un modelo de empresa altamente eficiente y que ha creado un valor significativo para la sociedad y sus accionistas.
a) La entrada de competidores que ponga fin al monopolio de Red Eléctrica en su negocio.
En febrero de 2015 la Comisión Europea abrió un expediente contra España al considerar que la legislación española vulnera las directivas comunitarias sobre el mercado interior de la energía al haber concedido a Red Eléctrica y a Enagás el monopolio en las interconexiones internacionales de la electricidad y el gas respectivamente. Según la Comisión, no puede limitarse el número de operadores TSO (Transmission System Operators) en las redes de transporte internacionales de gas y electricidad, lo que abriría la posibilidad de que un nuevo operador TSO arrebatara a estas dos empresas españolas no solo parte de su negocio internacional sino también del nacional, poniendo fin al monopolio de ambas empresas en sus respectivos sectores, lo que conllevaría una significativa reducción de sus beneficios.
Algunos inversores consideran que Red Eléctrica podría verse obligada a alquilar sus redes a nuevos operadores, de forma similar a cómo Telefónica debe ceder el uso de sus cables y sus antenas para facilitar la competencia en el sector de las telecomunicaciones.
Sin embargo, compartir las redes comportaría problemas de economías de escala y sobre todo dificultades en la coordinación del sistema, un aspecto esencial para asegurar un suministro libre de interrupciones.
Un monopolio está amenazado cuando el negocio en el que opera es muy rentable y/o requiere poca inversión. Ocurre justo lo contrario en el transporte y distribución de la electricidad. La ROCE (rentabilidad sobre el capital empleado) de Red Eléctrica está en torno al 10-11%, una cifra estimable pero que no actúa como poderoso incentivo para una empresa competidora. La elevada deuda a la que debe hacer frente la empresa, equivalente a seis veces su beneficio operativo, da idea del nivel de inversiones requerido.
El transporte de la electricidad ha quedado determinado como un monopolio natural en España. Para entender por qué, recordemos cómo está estructurado el sector eléctrico.
En primer lugar tenemos los productores de electricidad. Una vez generada la energía, es preciso transportarla, de lo cual se ocupa Red Eléctrica. Desde la red de transporte hay que distribuirla a empresas, hogares etc., de lo que se encargan las distribuidoras, y finalmente comercializarla. La producción, la distribución y la comercialización, están básicamente en las mismas manos: Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa, Viesgo.
Para que haya una adecuada competencia en el sector de la generación y de la distribución, es necesario que las inversiones en redes se lleven a cabo de forma homogénea con objeto de que todas empresas del sector tengan un acceso simétrico a la red. La única forma de que esto sea posible es a través de una planificación central por parte de una autoridad o regulador, por ejemplo el gobierno, como es el caso.
Abrir la competencia en las redes y liberalizar las inversiones sin un criterio de utilidad pública podría crear ineficiencias y redes subóptimas, comportar excesos y déficits de capacidad, así como comprometer la coherencia global del sistema de transporte de la electricidad y perjudicar, por tanto, la competencia en el sector eléctrico, algo a lo que el gobierno español no está dispuesto, de ahí el contencioso que mantiene con Bruselas a este respecto.
La intervención de operadores alternativos podría distorsionar la planificación energética que se precisa para anticiparse a las necesidades energéticas futuras.
Por otro lado, un competidor no lo tendría fácil. La geografía española está llena de espacios naturales protegidos, lo cual dificulta y encarece cualquier inversión destinada a incrementar el tendido eléctrico. Las inversiones tienen un largo período de maduración. Los gastos de capital en seguridad y calidad del suministro y en el mantenimiento de las instalaciones son significativos: una parte importante de la inversión no es productiva sino de reposición o mantenimiento, lo cual dificulta obtener un retorno adecuado de la suma total de la inversión. Otros factores a tener en cuenta son la complejidad y lentitud de los trámites administrativos que requieren las obras relacionadas con las redes y la oposición social al establecimiento de nuevos tendidos.
b) Súbito encarecimiento de la deuda financiera en caso de repunte significativo de los tipos de interés.
Las empresas con deuda elevada, como es el caso de Red Eléctrica, son vulnerables a una subida del precio del dinero. Dado que los tipos de interés están en niveles históricamente bajos, algunos inversores temen un considerable aumento de los mismos. Sin embargo, el presidente del Banco Central Europeo (BCE) afirmó en julio de este año que los tipos de interés se mantendrán en los niveles actuales “durante un tiempo prolongado“. El BCE actúa sobre los tipos de interés a corto plazo mientras que la mayor parte de la deuda financiera de Red Eléctrica suele ser a largo plazo, pero lo que importa es el motivo aducido por Mario Draghi: la baja inflación y las expectativas de que siga siendo baja en el futuro, los principales factores que inciden en los tipos de interés a largo plazo.
Por otro lado, el coste de la deuda financiera de Red Eléctrica es muy bajo, del 2,4%, y los gastos financieros netos solo suponen el 15% de su beneficio operativo. Aun el caso de que los tipos de interés se doblaran, esa proporción subiría al 30%, que seguiría siendo perfectamente asumible. El beneficio bruto se reduciría un 16% en ese escenario todavía improbable.
c) Cambios desfavorables en las tarifas reguladas.
Las tarifas de Red Eléctrica tienen una doble regulación: por parte del Ministerio de Industria y por parte de la Comisión Nacional de la Energía.
La red de transporte requiere inversiones continuas para extender el tendido de líneas y mejorar la seguridad y calidad del suministro de la energía, las cuales no pueden llevarse a cabo sin una retribución adecuada. Dicha retribución debe incentivar las infraestructuras prioritarias para el conjunto del sistema y asegurar el volumen de inversión más eficiente para evitar tanto una infra como una sobredimensión de las redes.
Las inversiones son también imprescindibles para garantizar el suministro en situaciones de puntas de demanda con la mayor eficiencia posible, es decir al menor coste y con el menor impacto sobre el medio ambiente.
Aunque las tarifas reguladas pueden ser modificadas en sentido desfavorable, siempre deberán ser al menos adecuadas para un buen funcionamiento del sistema eléctrico.
d) Exposición permanente de las redes eléctricas a elementos externos, como fenómenos meteorológicos o sabotajes.
La red de transporte eléctrico en España tiene un grado de seguridad muy elevado. Los indicadores de calidad que miden la energía no suministrada y el tiempo de interrupción medio presentan valores más favorables que los de referencia marcados en la normativa.
e) Posibilidad de reclamaciones legales en caso de cortes de suministro.
Los cortes en el suministro de electricidad imputables a Red Eléctrica pueden dar lugar a reclamaciones, tanto por parte de los usuarios como de las compañías aseguradoras, en caso de los usuarios que hayan asegurado daños y perjuicios derivados de interrupciones del servicio eléctrico.
Las incidencias relacionadas con el suministro suelen estar producidos por terceros o por fenómenos meteorológicos. Red Eléctrica considera que sus sistemas de control funcionan correctamente en este sentido y destaca que el índice disponibilidad de la red de transporte peninsular fue del 98,33% en 2016 y del 97,93% en 2015.
Por otro lado, la empresa posee pólizas de seguro que cubren o limitan el impacto de tales incidencias sobre la cuenta de resultados.
f) Vulnerabilidad ante ciberataques.
El sistema informático de la red eléctrica está expuesto a ciberataques, como los que tuvieron lugar en el sudeste Ucrania en 2015, en pleno invierno, y que afectaron a 600.000 hogares, supuestamente por parte de agentes del gobierno ruso como parte de su política de desestabilización tras la anexión de Crimea en 2014.
Este riesgo es gestionado de forma proactiva y anticipativa con el fin de minimizar las posibilidades de ocurrencia, pero Red Eléctrica, al igual que otros operadores de infraestructuras estratégicas, cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), un organismo dependiente del gobierno que centraliza la supervisión de la protección de las infraestructuras críticas ya que este tipo de amenazas afecta también a telecomunicaciones, centrales nucleares, plantas de abastecimiento de agua, hospitales y redes de transporte de pasajeros, entre otras. Según el Incibe, las ofensivas contra estas instalaciones se han multiplicado por siete en dos años y se han concentrado sobre todo en las energéticas.
El reto que plantean las ciberamenazas justifica que los gobiernos, entre ellos el de España, se lo tomen como una prioridad de seguridad nacional.
g) La necesidad de adaptarse a los profundos cambios que traerá la llamada “transición energética“.
Una empresa que opera en un entorno cambiante, sobre todo si se prevén cambios muy significativos, está en desventaja frente a otra que lo hace en un entorno estable.
El Acuerdo de París sobre cambio climático, firmado por la mayoría de países del mundo en 2016, establece que las emisiones contaminantes deben haberse reducido en 2050 entre un 40% y un 70% respecto a los niveles de 2010, lo cual implica que las energías renovables tendrán un protagonismo creciente en la generación de la electricidad. Ello obligará a los transportistas como Red Eléctrica a adaptarse a la intermitencia de las renovables (no siempre sopla viento, no siempre hace sol, no siempre llueve…), lo cual, a su vez, requerirá una creciente interconexión con los sistemas energéticos de otros países (Francia y Portugal en el caso de España) que compense dicha intermitencia.
España ha avanzado de forma destacable en generación renovable. En 2007, esta suponía el 21,3% de la energía producida mientras actualmente es del 40%. En 2016 la energía nuclear supuso el 22,9% y el carbón el 14,4% mientras que renovables como la eólica, la hidráulica y la solar representaron el 19,3%, 14,6% y 5,2% respectivamente.
A pesar de los desafíos que plantea la transición energética, parece claro, al menos en el momento presente, que vamos hacia un modelo crecientemente electrificado, lo cual beneficiará a los operadores como Red Eléctrica. Según la consultoría Deloitte, en 2050 las renovables habrán abaratado el coste de la luz un 45% respecto al precio de 2015 y prácticamente el 100% de los coches serán eléctricos mientras que los camiones funcionarán con energía eléctrica o gas natural, o serán sustituidos por el ferrocarril.
Riesgo de la acción
Las acciones de Red Eléctrica suelen estar entre las diez menos volátiles del IBEX 35. Acostumbran a figurar en la cartera de valores menos volátiles que actualizo cada trimestre.
Se trata de uno de los valores de mayor calidad del mercado español y ha sido el tercero más rentable del IBEX 35 desde 2007.
El beneficio por acción de 12 meses de septiembre de 2016 a septiembre de 2017 es de 1,22 €, de modo que al precio actual de 18,25 €, el ratio PER es de 14,90 veces, un valor correcto para la compañía.
Las acciones alcanzaron su máximo histórico de 20,58 € el 8 de junio. El 4 de octubre cerraron a 17,17 €, lo que supuso una caída del 16,5%. Su estructura de precios a medio plazo es bajista.
El dividendo pagado en los últimos doce meses es de 0,859 €. A un precio de 18,25 €, el rendimiento por dividendo es del 4,7% bruto y del 3,8% neto.
Los índices Dow Jones Sustainability son elaborados desde 1999 por RobecoSAM. Esta firma de análisis, que está enfocada exclusivamente en la inversión sostenible, afirma que las prácticas corporativas relacionadas con la sostenibilidad son fundamentales en la generación de valor a largo plazo para los accionistas.
Existe un fondo de inversión cotizado (EFT) vinculado a este índice (hasta el 19 de marzo de 2012 su benchmark fue el Eurostoxx 50 Sustainability 40). Se trata del iShares Dow Jones Eurozon Sustainability Screened. Fue lanzado el 27 de marzo de 2006, está denominado en euros y domiciliado en Alemania. Distribuye dividendos hasta cuatro veces al año.
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